El presente estudio responde a la solicitud hecha a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por el Gobierno de la República de El Salvador a fin de contar con una evaluación global de los efectos del terremoto que el pasado 13 de enero de 2001 afectó de manera muy importante una muy amplia proporción del país. Los efectos de este trágico evento se hicieron sentir en su economía, la sociedad y sobre el frágil medio ambiente, agravando condiciones preexistentes de vulnerabilidad en los tres ámbitos. Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de las autoridades nacionales, diversas instituciones nacionales, municipales y locales y empresas de servicios públicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de los medios académico y científico. Se contó con el apoyo de instituciones y agencias del sistema de las Naciones Unidas, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Español

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo se unieron a la evaluación entidades regionales centroamericanas: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Consejo de Integración Social (CIS) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). La suma total de los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador ha sido estimada en 1,255.4 millones de dólares. La cuantificación se apega a la metodología desarrollada por la CEPAL y establece la magnitud de los daños directos e indirectos, evalúa los consecuencias de tipo macroeconómico e intenta cuantificar el efecto diferencial para los departamentos afectados y el país en su conjunto. Los resultados presentados son estimaciones propias de la misión y reflejan la información disponible al momento de la misma. Dichos resultados evidencian que, por la magnitud del desastre sufrido, al sumarse a otros factores preexistentes de vulnerabilidad, se afecta el potencial de crecimiento y desarrollo del país en su conjunto en el corto y mediano plazos. Español

La atención a la emergencia y la reconstrucción necesaria rebasan la capacidad del gobierno nacional y de las autoridades locales (departamentales, municipales, cantonales) de enfrentar las consecuencias del desastre, sobre todo si se desea reducir en el futuro el impacto de eventos similares y avanzar en un proceso de mitigación de la elevada vulnerabilidad que caracteriza al país frente a fenómenos tanto de tipo sísmico y vulcanológico como hidrometeorológico. El país requiere una mejorada gestión del riesgo descrito en el marco de un proceso de cambio en su gestión ambiental. Se espera que esta valoración aporte al gobierno nacional así como a las autoridades locales (al nivel departamental y municipal), a los agentes económicos privados, a ONG y a la comunidad internacional preocupada por asistir al proceso de la reconstrucción y desarrollo de El Salvador, elementos para establecer prioridades nacionales y locales que permitan redinamizar las zonas afectadas y retomar el desarrollo dinámico del país en su conjunto en los aspectos económico, social y ambiental en un marco de gestión apropiada del riesgo y reducción de la vulnerabilidad. Español

Se aportan para ello elementos para la formulación de programas y de proyectos que sienten bases de menor vulnerabilidad en lo físico y ambiental y una mayor sostenibilidad y estabilidad en lo económico y social como parte de la reconstrucción. Se pone énfasis en el carácter limitado de una valoración que fuese puramente económica y se destaca que en la reconstrucción habrán de incorporarse elementos de tipo social que contribuyan a paliar el sufrimiento que enfrentaron núcleos de población ya deprimidos por efecto de las condiciones de pobreza en las zonas rurales más apartadas del desarrollo nacional, y las condiciones internacionales que impactan las condiciones de la actividad cafetalera en especial. Por ello se desea resaltar la necesidad de inversiones social-productivas, con criterios de sustentabilidad económica, ambiental y social, de gobernabilidad y de equidad de género incrementada. Es decir, que se preste especial atención y dedicación prioritaria a los aspectos de mitigación de la vulnerabilidad, evitando incrementar los riesgos ante eventos como éste, que es recurrente dado el carácter geomorfológico del país en su conjunto; Español

a la vez que se fomente una integración social mayor entre los distintos grupos sociales y se potencie la competitividad de las actividades rurales, tanto respecto del resto del país como frente a los mercados mundiales, reforzándose los esfuerzos de diversificación productiva, el aporte de mayor valor agregado en las actividades rurales y la creciente incorporación de actividades de servicios. La consideración de estos elementos junto con la asignación de recursos a la reconstrucción y reposición del acervo perdido en términos de infraestructura física contribuirá a mejorar las condiciones de sustentabilidad y reducción de la vulnerabilidad del proceso de desarrollo del país. Destaca el sufrimiento y daño ocasionados por el desastre a la población salvadoreña, que ha evidenciado la fortaleza y el espíritu de lucha y empuje que le es característico, de manera que cabe ver con optimismo la oportunidad que se presenta de emprender la reconstrucción con criterios y valores renovados, asumiendo en el proceso reformas institucionales, legales y estructurales en los diversos sectores que reduzcan la vulnerabilidad económica, social y ambiental. Español

Elemento importante de tales reformas será que se eleve la capacidad de ahorro, inversión y gestión de los grupos poblacionales afectados y del país frente a la reconstrucción. Una elevada proporción de la población salvadoreña -el 18.3%- quedó afectada directamente por el terremoto. Según estimaciones parciales, alrededor de la mitad de ésta perdió su casa, y el resto vio afectadas temporal o permanentemente sus fuentes de ingreso, al colapsarse en muchas comunidades la vida económica, al perderse escuelas y centros religiosos, al quedar aislados y con los servicios básicos suspendidos y, en general, al tenerse que volcar a las labores de emergencia en situaciones muy dramáticas. La afectación de la vida cotidiana evidentemente cobró distintos matices y características en el ámbito urbano y rural (mucho más castigado este último) entre hombres y mujeres. Estos datos adquieren una mayor relevancia si consideramos que la jefatura femenina abarca el 28.2% del total de los hogares del país. De la cantidad mencionada como total de daños (1,255.4 millones de dólares), el 60% (753 millones) corresponde a daños directos, en tanto el 40% restante (502 millones) se refiere a daños o pérdidas indirectas. Español

Dicho de otra forma, la mayor parte del daño ocurrió sobre los acervos del país, y el resto en los flujos económicos que tendrán lugar principalmente a lo largo del año 2001, pero también en los venideros. El monto total de los daños se desglosa en la forma siguiente, de acuerdo con el tipo de daño o pérdida: El mayor daño se concentró en la infraestructura física y equipamiento (67%), seguido por el aumento en costos y la disminución de ingresos de algunos servicios (28%), y -en menor medida- en la producción (5%). El daño fue mayor en el sector privado (823 millones y el 66%) que en el público (438 millones y el 34%), con las implicaciones consiguientes para la reconstrucción. La distribución del daño total entre los sectores que fueron afectados resulta de interés para sacar algunas conclusiones relevantes: los principales sectores afectados fueron los sociales (el 40% del daño total con 472 millones), seguidos de cerca por el daño en la infraestructura (un 32%, 398 millones), los sectores productivos (20%, 275 millones), el medio ambiente (5%, 68 millones) y otros daños y costos que alcanzan 43 millones. Español

Si bien el monto total del daño ocasionado por el fenómeno natural (1,255 millones de dólares) es en sí mismo una suma elevada, es preciso relativizarla para comprender en mejor forma su impacto sobre la sociedad y economía salvadoreñas. Dicha cifra equivale a un 9.5% del PIB del país en el año pasado, lo que podría considerarse como una magnitud relativamente moderada. Tal comparación, sin embargo, no se compadece con la dimensión de la tragedia sufrida por El Salvador. Téngase en cuenta en ese sentido que la mayor proporción de los daños que han afectado a los sectores sociales referidos tiene una clara concentración a los estratos poblacionales de menores ingresos. Por otra parte, al analizar la distribución espacial del daño también puede comprenderse mejor la magnitud del impacto sobre la población. Es posible afirmar que los departamentos más afectados -expresado en términos de la relación entre daño total y el PIB departamental-fueron San Vicente (35%), La Paz (21%) y Usulután (19%). La magnitud del daño en estos departamentos es, sin lugar a dudas, muy significativa por cuanto el daño total representa en ellos entre una quinta y una tercera parte del producto. Español

Los daños del terremoto se concentraron en áreas geográficas de mayor desarrollo relativo en el país, de manera que la población afectada acusaba - en términos muy generales - capacidades menos reducidas para recuperarse que las de los habitantes de los departamentos donde existe mayor pobreza (Ahuachapán, Cabañas, Morazán, y La Unión). De esa forma, la pérdida en desarrollo humano no afectó directamente a los departamentos donde se concentra la mayor pobreza. Español

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