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En el siglo XX, los problemas que enfrentaban los pueblos indígenas de Centroamérica se inscribían en un contexto de políticas neoliberales de desregulación, privatización y la apertura al capital transnacional y al “libre comercio” que inició en la década de 1990. En Guatemala, por ejemplo, la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica pasó en el año 1996 del sector público al privado (Illescas, 2012). En 2004, los países de Centroamérica firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y la República Dominicana.1 Por esos años, los regímenes políticos de varios países de Centroamérica se encontraron en una “situación democrática, transitoria y con poca fuerza por sí misma para perdurar” (Torres-Rivas, 2004: 156). El mismo autor los calificó también de “democracias de baja intensidad” (Torres-Rivas, 1988). Unos años más tarde, se refería a ellos como “malas democracias” creadas desde arriba en medio de una crisis económica severa y en un contexto de conflicto armado. En 2010, el mismo autor decía que todavía se encuentran lejos de resolver los problemas de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría de la población (Torres-Rivas, 2010). Español